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La Unión Europea ha implementado nuevas regulaciones destinadas a evitar que los dispositivos electrónicos queden inutilizables una vez que expira su garantía. Estas normas buscan garantizar que problemas comunes como pantallas rotas o baterías agotadas no obliguen a comprar un dispositivo nuevo debido a costes de reparación prohibitivos.
Ahora se exige a los fabricantes que proporcionen servicios de reparación para los dispositivos incluso después de que haya concluido el periodo de garantía. Estos servicios deben ofrecerse a un precio razonable y en los plazos más breves posibles, siempre que el dispositivo siga siendo reparable.
Para facilitar las reparaciones, la normativa permite el uso de componentes alternativos, incluyendo piezas usadas o producidas mediante impresión 3D, siempre que cumplan los requisitos necesarios. Además, se restringe a las marcas el uso de bloqueos de software para impedir que los usuarios reparen sus propios dispositivos.
Aunque estos derechos son oficiales a nivel europeo, la implementación en España y otros 17 países se ha retrasado. España se enfrenta ahora a un plazo de dos meses para finalizar la Ley de Consumo Sostenible para cumplir con los requisitos de Bruselas o arriesgarse a posibles sanciones.
